El gobierno español quiere obligar a las empresas del sector de reparto de comida a domicilio, una industria en auge, a emplear a sus mensajeros en bicicleta de forma permanente. Esta ley conocida como ley rider se basa en un modelo en el que los repartidores pasan de ser autónomos a asalariados. Esta novedad no entusiasma a todos los mensajeros.

Con la pandemia sanitaria Covid-19 el modelo de negocio del reparto de comida a domicilio se ha hecho popular y actualmente se encuentra en auge. Los repartidores de bicicleta que distribuyen comida a través de plataformas de internet como Uber Eats, Deliveroo, Glovo o JustEat son muy utilizados por sus clientes. Pero a menudo son vistos con lástima. Los repartidores en bicicleta, también conocidos como riders, trabajan siempre al borde de la autoexplotación.

En España este modelo va a cambiar fundamentalmente. El gobierno de coalición de izquierdas del presidente Pedro Sánchez introdujo una ley que obliga a las plataformas de servicios de reparto a contratar a los conductores de mensajería de forma permanente en el futuro. La ley fue aprobada a raíz del acuerdo del 10 de marzo en el parlamento español. La ley fue publicada el 12 de mayo en el BOE y las empresas tendrán entonces tres meses para modificar sus contratos de trabajo, hasta el 12 de de agosto 2021.

Yolanda Díaz, la ministra de trabajo de la alianza de izquierdas Unidas Podemos, dice que España es el único país se ha atrevido a regular por ley este ámbito.

Fernando García, un rider a favor de la ley

El joven Fernando García trabaja como repartidor autónomo para varias aplicaciones en Madrid. Según su evaluación, tras más de un año de pandemia, es desilusionante. La demanda aumenta y el salario disminuye. Fernando explica que la tarifa básica por viaje en una aplicación ha bajado de 2,50 euros a 1,20 euros. No esta de acuerdo con qué le dicten los cambios de tarifas, basado solamente en que los cálculos favorezcan a las aplicaciones y que los repartidores no participen con poder de voz.

Fernando trabaja unas 35 horas a la semana y gana al rededor de mil euros al mes. Esta obligado a pagar sus propias cotizaciones a la seguridad social, la bicicleta y el teléfono móvil. Todo eso cambiaría fundamentalmente con la ley rider. Fernando exclama que con un contrato tendría derechos. Su salario no cambiaría mayormente pero su situación con la seguridad social sí. Si estuviese enfermo, tuviese un accidente o lo despiden tiene mayores garantías y esas tienen un precio. Según Fernando la ley rider le brinda más seguridad.

El deseo de seguir siendo autónomos

Muchos repartidores en bicicleta se reunieron frente al Parlamento en Madrid para una manifestación de protesta. Piensan que la ley rider es fundamentalmente errónea y se quejan de que el gobierno nunca les escuchó de antemano.

En España hay varias asociaciones de repartidores. Jordi Mateo, un barcelonés de 29 años, es presidente de la asociación profesional de repartidores, APRA. Jordi esta completamente en desacuerdo con la ley rider. Esta convencido de seguir siendo autónomo y tener la libertad de elegir las distintas plataformas digitales. Perder esa libertad es algo que le dolería.

Jordi calcula que en España hay unos 30.000 repartidores autónomos. Piensa que no es realista que todos ellos se conviertan en empleados permanentes. Según Jordi tal vez sólo el 25% será empleado permanente y con contratos con malas condiciones. Jordi proclama otra solución porque la experiencia con estos contratos prevén 15 días laborales al mes, con 15-20 horas semanales por 500 o 600 euros al mes. Los repartidores deberían poder negociar sus propios precios como colectivo. Sin embargo, la legislación española no lo permite actualmente. El modelo viejo de negociación colectiva de sindicatos y empresarios ya no tiene cabida en el siglo XXI.

Los empresarios tampoco están muy entusiasmados con la ley rider. Adigital, la asociación española para la economía digital, explica que se podrían perder enormes oportunidades de empleo con esta ley. Marta Becerra, la portavoz, recalca que habrá que contratar a mucha gente en muy poco tiempo, sin importar la facturación de la empresa. Al ser algo difícil puede ser posible que tres cuartas partes de los 30.000 repartidores podrían quedarse con las manos vacías y perder sus empleos.

Sin embargo, la nueva ley también responde a una jurisprudencia válida. Pues el Tribunal Supremo de España ya ha dictaminado que los empleados en bicicleta o motocicleta no pueden ser tratados como autónomos.

Sigue siendo un acto de equilibrio difícil, especialmente en España, donde el desempleo juvenil sigue siendo elevado. La nueva ley sobre los repartidores es un primer intento, que sin duda será seguido de otros lugares de Europa.

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